Encabezados por el presidente de la mesa directiva, José María Martínez, El Senado mexicano pide a la Secretaría de Gobernación un informe detallado del estado de estos centros de juegos de azar de todo el país.
“La Segob incauta 25 máquinas tragamonedas en Tabasco”. “La PGR, en colaboración con la AIC, destruye 48 máquinas tragamonedas en Morelos”. Estos son los títulos de 2 de las más recientes noticias relacionadas con la industria de los juegos de azar en nuestro país. Ambas hablan de aparatos operando de manera ilegal o sin certificación. Esta es la realidad descrita por José María Martínez en el texto enviado a la Secretaría de Gobernación el pasado 13 de diciembre.
El escrito hace un repaso de los juegos de azar en México desde que, en 1907, Porfirio Díaz autorizara los Casinos en el país. Desde ese día, el decreto se ha ido modificando acorde con los tiempos en los que se vivía. Tuvieron que pasar cuarenta años para que se concediera la potestad de gestionar los juegos de azar y apuestas a la Segob, situación que aún sigue vigente más de medio siglo más tarde.
En 2004 llega el reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, atrayendo a México una importante cantidad de inversionistas nacionales e internacionales, que vieron en el juego un negocio verdaderamente interesante y usaron dicha ley para lucrarse con ellos. Y es como así sigue en muchos casos en la actualidad.
Imagen de archivo del senador José María Martínez (Foto: Grupo Parlamentario Senado República)
En este sentido, según el documento expuesto por los Senadores, México es un paraíso jurídico para las empresas que explotan los juegos de azar a través de Casinos y otros salones de juego u ocio. Sociedades nacionales y extranjeras pelean por hacerse con el control de un sector regulado por una normativa ciertamente inconclusa y flexible, que da manga ancha a los operadores.
La negativa de los propietarios de estas entidades a rendir cuentas al Estado mexicano y a clarificar todas las cuentas y movimientos de sus negocios ponen en entredicho su modus operandi y envuelve el negocio de los juegos de azar en una nube negra de oscuridad muy negativa para el sector.
La parte más triste según el escrito firmado por Martínez, es que las autoridades gubernamentales responsables de gestionar esta industria parecen no buscar nuevas medidas que ofrezcan un contexto más claro y regulado. Según datos arrojados por la empresa NYCE (Normalización y Certificación Electrónica) un tercio de las cien mil máquinas tragamonedas instaladas en los diferentes centros de juegos de azar y Casinos del país no poseen la certificación requerida para operar.
Un alto porcentaje de ellas son las denominadas ´máquinas chatarra´. Estos aparatos se encuentran en el mercado por un valor muy por debajo del que una máquina de estas características debiera costar y no han sido sometidos a ningún tipo de control, lo que no garantiza el porcentaje mínimo para que el jugador pueda ganar.
Por último, el documento señala como en otros países la legislación es mucho más dura con este tipo de situaciones y la claridad con la que las empresas que operan Casinos o salones de juego muestran todos sus datos financieros de forma transparente en sus mismas páginas web. Además, exige a la Secretaría de Gobernación que remita al Senado información de los centros de juego operativos en el país así como las solicitudes en trámite, aprobadas y rechazadas con el fin de aclarar la actual situación.
