La normativa del mundo del juego en México cumple setenta años desde que se hiciera vigente allá por el año 1947. Desde ese momento, poco ha cambiado un régimen legislativo que gestiona un sector que cada día posee una mayor relevancia en la economía del país.
¿Os imagináis que unas normas de tráfico de finales del siglo XIX se encargaran de regular las carreteras mexicanas en la actualidad? ¿O que tuvieramos los mismos derechos laborales que nuestros abuelos a principios del siglo XX? ¿Qué pensaríais si nuestros niños asistieran a las escuelas y estudiaran exactamente lo mismo que nosotros, sin tener en cuenta la tecnología y las computadoras? No tendría sentido, ¿verdad?
Pues ese sinsentido es el que encuentra en la actual Ley del Juego muchos de los actores de la industria de nuestro país en la actualidad. Estatutos anticuados para gestionar actividades futuristas.
Así lo desprende el documento ´Diagnóstico del marco normativo y tributario de los juegos con apuestas´, elaborado conjuntamente entre Codere y la UNAM y que pone de manifiesto las carencias que sufre la actual legislación y la urgente necesidad de una revisión por parte de las administraciones competentes.
De hecho, la Ley que se encarga de regular la industria de juego en nuestra nación data del año 1947, lo que supone que se está utilizando una reglamentación con 70 años de antigüedad en una industria totalmente renovada, sobre todo en todo lo relativo con el juego en línea.
Dicha modalidad de juego por internet cuenta con centenares de empresas que explotan a través de sus páginas web este nuevo segmento y que, a pesar de obtener ingentes ingresos económicos, no tributan impuestos algunos al gobierno de la nación.
Tanto es así, que mientras que este tipo de juego on line no realiza ningún tipo de contribución económica, el juego que se desarrolla en los casinos y salones de juego físicos de México si aportan sus correspondientes tributaciones anuales -entre 3 mil y 5 mil millones de pesos-.
Las apuestas en línea suponen un nuevo reto para la legislación mexicana (Foto: 888 casino)
Según AIEJA, las compañías que gestionan las páginas de juego en línea en México se embolsan cada año unos 300 millones de dólares, cantidad que va de manera íntegra a las arcas de estas empresas -la mayoría de ellas extranjeras- al no tener que pagar ningún tipo de gravamen.
Todo lo contrario es lo que sucede con las sociedades que explotan juegos de azar de forma presencial, pues todas ellas tributan un 30% de las ganancias totales en concepto de IEPS, un 2% a la Segob y un 1% por el ISR sobre premios pagados. A todo esto habría que sumar los impuestos regionales y locales.
Así lo denuncia el presidente de GEA, Manuel González, que critica las diferencias entre ambas modalidades de juego en cuanto al pago de impuestos:
Mientras el juego presencial es una actividad regulada de manera excesiva, el juego on line, que está creciendo a nivel internacional con más celeridad, la legislación no lo toma en cuenta.
Por otra parte, de esta manera lo exponía una de las autoras del libro anteriormente nombrado, Gabriela Ríos, que trabaja actualmente como investigadora de la UNAM:
Es alarmante porque México se está quedando rezagado. La regulación es anticuada, estamos atados a un lastre de 1947 que no nos ha permitido avanzar, porque bajo esta ley, no se tenía idea del internet ni de sus alcances.
Otra cuestión que pone en evidencia la fragilidad normativa que sostiene el sector del juego mexicano es la desconocida dirección que toma el dinero recaudado con los impuestos a los casinos del país.
De hecho, a pesar de que los autores del texto solicitaron al INAI -entidad responsable de la gestión de dichos datos- información al respecto, sus gestores desestimaron la petición, por lo que el uso que hace la Segob de dichos fondos sigue siendo una incógnita. Estas fueron las palabras de Ríos en relación a dicho requerimiento.
Hicimos solicitudes que no fueron respondidas sobre hacia dónde se va el dinero que pagan los 33 permisionarios, que están debidamente registrados. No se sabe cómo se gastan o cómo se supervisan estos juegos y actividades por parte de la Segob.
Los encargados de redactar el documento dudan de que los legisladores de la nación deseen realmente un cambio de Ley. Este sentimiento surge del poco interés que han mostrado a los largo de los años con los posibles cambios normativos sugeridos. Así lo contempla Manuel González:
Nos queda claro que a los legisladores mexicanos no les interesa el tema del juego con apuesta, pues en los últimos 20 años se han presentado sólo nueve iniciativas para impulsar un cambio en la legislación y ninguna ha fructificado.
Por último, otro de los investigadores de la UNAM, Ezequiel González, deja claro la situación contradictoria que vive este sector en México, que mantiene unas leyes totalmente obsoletas que no entienden la realidad del juego actual:
Tenemos una ley pensada por nuestros abuelos pero que estamos usando para los juegos que jugamos en nuestros dispositivos móviles.
