Foto: Casino Miravalle
Una sombra de incertidumbre planea sobre los casinos de Nuevo León. Y es que Carlos Garza Ibarra, secretario de Finanzas y tesorero general del Estado, presentó el presupuesto de 2022, que incluye una reforma fiscal que afectaría a lo que los casinos de este territorio ya están pagando en la actualidad.
Esta medida se tomaría como consecuencia del aumento del presupuesto para 2022, que sería de 117,745 millones de pesos (US$5.678.130.000), lo que representa un incremento del 5 por ciento respecto al ejercicio anterior.
De acuerdo con Garza, se implementarían dos medidas específicas:
- Un derecho por máquina, con 300 UMA (Unidad de Medida y Actualización), cada UMA equivale a 89.62 pesos (US$4) diarios en 2021.
- Aumentar el impuesto sobre Erogaciones y Apuestas del 10 al 15 por ciento. Estos dos rubros supondría 565 millones de pesos (US$27.2m) como potencial de recaudación.
Lo que se recaude con dichos gravámenes, que se estima en torno a los 500 millones de pesos, se destinará posteriormente a diferentes segmentos que componen la administración de Nuevo León.
Impuestos a los casinos de Nuevo León, un hábito de la administración pública
Imponer nuevos gravámenes a los casinos de Nuevo León se ha convertido en un «hábito» de la administración pública gobernante. No se trata, por tanto, de una medida casual o extraordinaria, sino de una costumbre entre los políticos del Estado mexicano.
Así pues, abría que hacerse algunas preguntas a este respecto: ¿no se está realizando una presión fiscal excesiva sobre los casinos de la región? ¿Hasta qué punto pone en riesgo la sostenibilidad de los casinos esta medida? ¿No supondrá esto un encarecimiento de los servicios que presta el casino que finalmente tendrán que pagar los usuarios?
No cabe duda que estos establecimientos deben contribuir a la mejora de la vida de los ciudadanos del Estado, pero un exceso de los mismos podría tener las consecuencias opuestas: reducción de la inversión y pérdidas de puestos de empleo.
Se trata de un tema complejo que habrá que seguir de cerca para comprobar, si finalmente entra en vigor dicha propuesta, las consecuencias que tendrá sobre el sector del juego en Nuevo León y el resto de industrias que dependen indirectamente del mismo.
