La operadora encargada de transferir y recibir dinero desde cualquier parte del planeta tendrá que pagar 586 millones por fallas en su sistema de control.
El lavado de activos y las apuestas ilegales no son solo un problema en México, sino que es algo que tiene una afectación de carácter global. Y en esta ocasión, implica a una de las compañías más importantes en el mundo de los servicios financieros y de comunicación de todo el globo: Western Union.
Según informaron el pasado diecinueve de enero diversos medios de comunicación norteamericanos, la empresa ubicada en el país vecino y con sede en Englewood tendrá que pagar un total de 586 millones de dólares al Gobierno de los Estados Unidos para compensar, entre otras cosas, a las víctimas del fraude.
Así lo acordaron el Departamento de Justicia de E.E.U.U. y la Comisión Federal de Comercio (FTC) del país tras una larga investigación realizada a la firma y que se centraba en las operaciones de la marca entre los años 2004 y 2012. Según se ha podido confirmar, Western Union ha aceptado la responsabilidad por diferentes cargos relacionados con el lavado de dinero y el movimiento de fondos para apuestas ilegales e incluso el tráfico humano.
La multinacional tenía inmensas fallas en el sistema antifraude y en los controles de lavado de activos, que habrían posibilitado que varios empleados pudieran desarrollar estas prácticas ilegales sin que nadie de la compañía se diera cuenta de estas acciones ni se tomaran medidas al respecto para erradicarlas y penalizarlas.
En este sentido, la sociedad corroboró que no fueron capaces de prevenir este tipo de actividades ilícitas por su estilo de cultura corporativa, incapaz de implementar un sistema de supervisión y división de poderes que detectaran dichas prácticas. Esta ineptitud facilitó que, al menos 26 empleados sin escrúpulos de Western Union decidieran actuar por cuenta propia y ejecutar algunos de los fraudes anteriormente descritos.
Muchos agentes de la firma contactaban con diferentes víctimas haciéndose pasar por familiares con problemas económicos o prometiendo posibilidades de empleo o premios económicos. Para ello, los delincuentes convencían a los estafados para que enviaran dinero a través de Western Union, procesando ellos la transferencia y obteniendo a cambio ganancias. Es posible que muchas de las personas estafadas fueran mexicanos residentes o trabajadores en el país vecino.
Para David Bitkower, subprocurador general interino, la implicación de la compañía en la estafa queda clara según sus palabras:
Girar dinero puede ser la manera más rápida de enviarlo directamente a los bolsillos de estafadores y criminales. Western Union está pagando ahora el precio de poner las ganancias por encima de sus propios clientes.
La presidenta de la FTC, Edith Ramírez, también dejó clara la relación de la sociedad con el escándalo financiero a través de sus comentarios:
Western Union debe una responsabilidad a los consumidores para protegerse contra el fraude, pero en su lugar la compañía miraba hacia otro lado, y su sistema facilitó estafadores y estafas. Los acuerdos que anunciamos hoy asegurarán que Western Union cambie la manera en que conduce sus negocios y proporciona más de medio billón de dólares para reembolsos a consumidores que fueron dañados por el comportamiento ilegal de la corporación.
Por último, debemos señalar que la entidad tuvo a bien en aceptar la sanción de la administración norteamericana según declararon sus portavoces:
Compartimos la meta del gobierno de proteger a los consumidores y la integridad de nuestra red global de transferencia de dinero, y trabajamos duro para resolver estos asuntos con el gobierno.
Además, a partir de ahora la firma deberá aplicar varias medidas en la lucha contra este tipo de actividades ilegales, tales como: proporcionar a sus consumidores advertencias contra estafas en todos sus formularios, incrementar las vías para presentar denuncias de fraudes, la devolución de montantes económicos transferidos de forma engañosa, etc.